El de pobreza es el indicador que más inquieta al Gobierno. Sencillamente porque se trata de la combinación entre una recesión que lleva casi tres años y los efectos de una pandemia que, en gran parte de 2020, ha paralizado las distintas actividades económicas y que marcó una caída del 9,99% en el Producto Bruto Interno (PBI). El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy su informe de Pobreza e Indigencia y se espera que la tasa ronde entre un 42% y un 45%, según los cálculos de las consultoras privadas.

El indicador, no obstante, se verá atenuado por la batería de medidas que ha dispuesto la gestión del presidente Alberto Fernández para mitigar los efectos de una crisis sin precedente. De hecho, se potenció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se otorgaron ayudas a las empresas a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para sostener el pago de los salarios a los empleados del sector privado.

La preocupación oficial radica en el impacto que puede tener el dato de pobreza y de indigencia en el humor social previo a las elecciones primarias. El próximo informe, de acuerdo con el calendario del Indec, se conocerá el 30 de septiembre y corresponderá al período del primer semestre de este año.

“Sin duda estamos en una situación crítica” , respondió el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, cuando fue consultado sobre los índices socioeconómicos que hoy serán difundidos por el organismo estadístico nacional. “Tenemos proyecciones; mi política siempre es no adelantar primero porque hay que ver cómo hace los cortes el Indec, pero sin duda estamos en una situación crítica”, reforzó el funcionario.

Si bien el ministro prefirió no adelantar las cifras, realizó un diagnóstico acerca de otros indicadores que tienen impacto directo en el índice de pobreza, como el desempleo. “Lo primero es que los que la tienen recontra complicada son los jóvenes, en particular las jóvenes, para entrar el mercado laboral. Ahí hay un tema clave. Y lo segundo, es que se recuperó algo la informalidad. Siempre digo que primero aparecen las changas, el movimiento del trabajo informal y después eso impacta en el trabajo formal”, expresó.

Burocracia

Una forma de salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población es a través de la creación de empleo privado registrado, indica Nahuel Ríos, analista de la Fundación Federalismo y Libertad. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos para este tipo de desarrollo: las leyes laborales y el peso burocrático de administrar empresas, donde pareciera que el Estado busca poner trabas para evitar que abran nuevas empresas o PyME, o para impedir que cierren sus puertas.

Las leyes laborales de la Argentina no hicieron más que generar 45,2% de informalidad según la encuesta permanente de hogares del Indec y litigios tan costosos que en muchos casos pueden condenar a una PyME a su fin. “Hay aspectos rescatables del espíritu de esta ley laboral, como ser los derechos adquiridos por los trabajadores y la protección de estos ante la ley”, puntualiza Ríos.

Otro gran problema en el sector privado es la falta de creación de nuevos empleos por la presión impositiva.

“En la Argentina -afirma el analista, y principalmente en Tucumán, la presión fiscal desincentiva la actividad privada”. Contratar empleados en blanco es demasiado caro y además esos costos laborales no se traducen en beneficios significativamente mejores para el empleado, sino que se los lleva el Estado, completa.

En términos administrativos, hay una infinidad de regulaciones e informalidades por parte de los municipios para la apertura de nuevos negocios, que se suma a los ya pesados requisitos desde las jurisdicciones provincial y nacional.

Los indicadores

Al primer semestre del año pasado, la pobreza afectaba al 40,9% de la población argentina. Tres de cada 10 hogares estaban en esa situación.

Al cierre de la primera mitad de 2020, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo la pobreza afectó al 41,5 de la población del aglomerado urbano (372.794 casos).

Al tercer trimestre de 2020, la pobreza en el país fue del 44,2%, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).